El sistema o el 'marrón', como prefieran

XXIII/XII/MMVII
La Vanguardia

“Nuestros pecados ocultos envenenan el aire que otros respiran, y cierto crimen, del que un miserable llevaba el germen sin saberlo, no habría madurado nunca sin este principio de corrupción.”

(Georges Bernanos, Diario de un cura rural).

Cuando el doctor Morín salió de su magnífica casa de 4 millones de euros de Sant Cugat al volante de su Ferrari, para nada imaginaba que su próximo vehículo no sería el Maserati de su mujer, sino otro mucho más modesto de la Guardia Civil, que lo conduciría junto a sus colaboradores, a los calabozos de Benemérita primero, y a la prisión preventiva después, acusado de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental.

Su caso muestra como España es el único país de Occidente donde los gobiernos fomentan el aborto libre e ilegal. También ilustra lo que significa abortar. Rompecocos y trituradoras; cuerpos troceados; en Madrid cadáveres sanguinolentos de 24 semanas, arrojados a la basura, niños con posibilidad de nacer y vivir. También ha aflorado el coste para la mujer. Hasta un 60% quedan dañadas emocionalmente, muchas de gravedad. Son las que durante años oyen el llanto nocturno de una criatura, o sueñan con el hijo no nacido. ¡Qué brutal paradoja, el riesgo grave para la salud psíquica de la madre radica en abortar y no en parir! El aborto es el último baluarte de la irresponsabilidad masculina. Sólo la mujer acarrea con todos los daños.

En España es un delito tipificado en el Código del que están despenalizados tres supuestos, la violación, la malformación del feto y el riesgo grave para la salud de la madre, el único que puede practicarse sin límite de tiempo, y el utilizado masivamente como fraude de ley. Esto explica por qué mujeres de países que cuentan con legislaciones mucho más permisivas, Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Francia, acuden aquí para abortar sin problemas legales a los 6, 7, 8 meses de embarazo, es decir, cuando el feto ya es perfectamente viable. No importa. Sólo cuenta el dinero, de 4.500 a 7.000 euros, siempre en metálico y sin factura. Lo que en la hiperliberal Holanda puede comportar una acusación de homicidio, aquí es un negocio espléndido.

Y lo será mientras el Departament de Salut no se explique, o les obligue la justicia a hacerlo, sobre las reiteradas irregularidades de las clínicas de Morín, del porqué se precipitó a dar la cara por él, cuando el primer reportaje con cámara oculta, el del Sunday Telegraph en el 2004. La consellera de Salut, Marina Geli, también debe revelar por qué habiendo encontrado en las clínicas expedientes sin la documentación acreditativa de que se trataba de un supuesto despenalizado, no los envió ipso facto al juzgado de guardia. Ha de aclarar por qué después de tres años de escándalo, los que van del Sunday a la televisión pública danesa, pasando por France 2, The Times, Herald Tribune, BBC, Fox, hasta la segunda cadena de tele pública holandesa, para citar sólo algunos medios, la Generalitat sigue empecinada en no hacer nuevas inspecciones y se niega a cerrar las clínicas expedientadas e inculpadas por lo penal. En Madrid, con menos hechos ya han clausurado dos. ¿Por qué no actúa? Y no será porque no existan graves cuestiones sin esclarecer. Por ejemplo: ¿es cierto que presas de Wad Ras eran trasladadas por los Mossos d’Esquadra a las clínicas de Morín para abortar?

Pero no se trata sólo de este grupo de clínicas donde la omisión de la Generalitat es clamorosa. La inmunidad es más general. Como lo señala el psiquiatra de Girona, Jaume Cañellas, que después de ocho meses en el Centro Médico Aragón denunció que esta clínica le facilitaba los informes psicológicos ya hechos. Sólo debía añadir el nombre de la paciente y la firma del psiquiatra. La respuesta final ante la evidencia fue que no existía ni rastro de ilegalidad. Curioso control este que nunca encuentre nada de lo que graban las televisiones, descubren los periodistas y policías, denuncian los médicos.

Las clínicas privadas, al menos las pertenecientes a la ACAI, funcionan con criterios unificados: siendo la salud “un estado de bienestar físico, psíquico y social”, y dado que “todo embarazo no deseado altera aquel bienestar… la salud está en riesgo”. Por consiguiente, la legislación española permite el aborto sin límites. He aquí como la picaresca ha transformado una ley y una juridisprudencia garantista en aborto libre. ¿Por qué, cuál es la mujer que a lo largo del embarazo no ha sentido malestar físico o psíquico? El doctor Santiago Barambio, portavoz de ACAI, afirmaba sin empacho en el congreso internacional de clínicas abortistas del año pasado en Roma: “Esta interpelación legal no ha sido discutida por ningún tribunal” y añadía: “Hoy en día en España se acepta que cualquier mujer embarazada y que por algún motivo la gestación suponga una carga, pueda interrumpirla”. Con esta interpretación de los tres supuestos basados en hechos médicos objetivos se transforman en pura decisión subjetiva de la interesada, bajo la presión comercial de la clínica. Es el aborto libre en cualquier mes de embarazo. La ilegalidad es flagrante, absoluta, pero hasta la querella de E-Cristians podía incluso parecer que tenían razón.

Para que esto funcione así hace LAFTA mirar hacia otro lado, o incluso defender a Morín por escrito, como meses atrás hizo la junta del Col·legi de Metges de Barcelona. Para que todo este fraude funcione son necesarias muchas complicidades. Una de las más decisivas es la de los médicos psiquiatras a sueldo de las propias clínicas, que certifican a destajo la enfermedad mental grave de la madre, cobrando entre 20 y 40 euros por informe firmado. Todo este burdo negocio sólo se evitará cuando los abortos se realicen en centro públicos.

La portavoz de la clínica de Morín en Madrid que ha sido cerrada decía: “Nos están crucificando y ellos callados –entiéndase el PSOE y el Gobierno- cuando al fin y al cabo las clínicas privadas estamos, hablando claro, quitándoles un marrón, a la sanidad pública”. Un marrón, nunca mejor dicho, incluso el lenguaje un tanto patibulario está bien elegido, porque tiene razón: es una leyenda urbana que los abortos en los hospitales públicos sean tan escasos (4% del total), a raíz de la objeción de conciencia. No anda tan fina la cosa. La causa es otra. En los hospitales, los funcionarios públicos, no quieren incurrir en el riesgo de una denuncia, y se limitan a practicar aquellos casos que se ciñen a los supuestos despenalizados. Resultado: casi todos son por malformación del feto y escasísimos en razón de la salud de la madre. El 96% restante, en gran medida presuntamente ilegales, son desviados a las clínicas por los CAP de la Generalitat y los servicios sociales. La propia Administración recomiendo clínicas en sus webs oficiales, incluidas las del doctor Morín. También dirigen a las gestantes, con independencia de la legalidad del caso, a la Asociación Familia y Salud, encargada de subvencionar los abortos en clínicas privadas, mediante fondos públicos que recibe de la Generalitat y del Ministerio del Trabajo. Su memoria anual no publica estados contables, pero una evaluación oficiosa establece en 600.000 euros la aportación del Departament de Salut. Todavía existe otra vía para financiar con recursos públicos el negocio privado del aborto. Son los convenios de la Generalitat con las clínicas. Las de Morín, como muchas otras, gozan o han gozado de este privilegio. Todo esto funciona sin transparencia. Los diputados tienen ante ellos una montaña de datos por solicitar y relacionar.

Y aquí suerte la pregunta. ¿Por qué quienes defienden a ultranza la sanidad pública exceptúan el caso más delicado, el aborto? Si la salud pública no debe ser un negocio, ni estar sujeta a ñas reglas del mercado, menos todavía debería serlo el aborto, que constituye la figura general de un delito. A más abortos más negocio, más subvenciones, más beneficios. Esta es la razón de que mientras en el resto de Europa tienden a estabilizarse o a disminuir, en España, y en particular en Catalunya, crezcan a una velocidad rampante, superando los 110.000 en el 2006, Catalunya con 22.000 crecerá un 30% con relación al año anterior. ¡Esto sí que funciona! Estúpida política para un país que está condenado a la quiebra de la Seguridad Social, y al empobrecimiento a causa de la falta de nacimientos, solución inmigratoria incluida. Por este motivo la renta por persona el 2050 será un 27% inferior a la del 2005.

“El hombre es una idea, y una idea bien pobre a partir del momento que se aparta del amor”, dice un personaje de La peste. Es tan pobre que puede quedar reducido a pulpa de desagüe en una trituradora, o residuo sanitario, junto con jeringuillas y vendajes usados.

Josep Miró i Ardèvol,

presidente de E-Cristians y ex-conseller