Ante el conflicto sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña: Una reflexión

El conflicto en torno al Estatuto de Cataluña ha subido de temperatura con los editoriales conjuntos de los periódicos que se editan en aquella comunidad. Es la primera vez que se registra un hecho de esta naturaleza, y debe ser un motivo de reflexión porque detrás de cada periódico hay, pequeño o grande, un grupo editorial y, por consiguiente, un principio de racionalidad y de intereses. Recordemos solo los tres más importantes: el grupo Godó, cuya cabecera es La Vanguardia, un periódico que históricamente siempre se ha movido por la vía de en medio entre los equilibrios del poder. El grupo Zeta que, aunque debilitado, tiene intereses en toda España, y el grupo Lara, con la editorial Planeta al frente, una de las más importantes en lengua castellana e intereses en diversos medios de comunicación, entre ellos, La Razón.

Detrás se han pronunciado en el mismo sentido las Cámaras de Comercio, el Colegio de Abogados, de Arquitectos, de Ingenieros Industriales, Fomento del Trabajo, es decir la patronal pura y dura, y la Confederación de Comercios, entre otras entidades de relieve, además de clubs deportivos tan importantes como el Barcelona y el mismo RCD Español.

La reacción de la mayoría de medios de comunicación de Madrid ha sido eso, una reacción sin espacio todavía para la pregunta o la reflexión. El resultado es un embrollo político que puede llegar a traducirse en un conflicto social absolutamente indeseable. Aunque también cabe pensar que en una sociedad desvinculada como la nuestra las exclamaciones no guardan demasiada relación con las actuaciones, la sangre no llega al río y las próximas fiestas actuarán de bálsamo. Esto es un quizás, no una afirmación.

No hay ninguna duda que de la larga y convulsa historia de España, la que arranca en la transición hasta ahora ha sido de las épocas más positivas, al menos desde el punto de vista de la paz civil y del crecimiento de los bienes materiales. También hay que decir que Zapatero es el gran aniquilador de las virtudes de este periodo y el catalizador de sus innegables defectos, que también los tiene.

España se enfrenta a una nueva fase por muchísimos motivos. Primero, porque el mundo lo está viviendo. Baste recordar que el propio paradigma de la globalización es cuestionado por un retorno a la tesis del fin de la energía barata. También, porque las secuelas de la gran crisis económica no están bien cerradas, y de manera particular y específica porque España tiene agotado su modelo económico y, por muchas leyes que haga, nadie ha definido todavía cuál es la nueva estrategia y cuáles son sus objetivos precisos. A esto se le añade un enconamiento del conflicto entre un laicismo beligerante y un hecho católico que sigue presente y siendo fuerte no encuentra todavía las fórmulas de transmitir su incidencia en el plano político. Para complicarlo todo todavía más, el período de Zapatero habrá dañado gravemente los cimientos antropológicos que fundamentan la sociedad y esto va a tener un coste tremendo también en el plano económico. Si ahora añadimos un nuevo conflicto civil el resultado no puede ser peor.

Por consiguiente, consideramos que es necesario que la racionalidad y el respeto, que nunca significa renuncia a las propias posiciones, impere como norma fundamental, que se eviten las exageraciones y lo que pueda significar agresión. Este respeto debe empezar hacia el propio Tribunal Constitucional, y por las personas que lo componen, pero no debe limitarse ahí sino extenderse a todos los campos, aislando a los que hacen de la discrepancia política un elemento de incivilidad y confrontación entre personas y comunidades.

La base del actual conflicto surge del hecho de que por primera vez un estatuto aprobado legalmente por referéndum está sujeto a las modificaciones que pueda introducir el Tribunal Constitucional. Nunca ha sucedido antes, y evidentemente enfrenta no dos legalidades, porque la del TC es incuestionable, pero sí dos legitimidades, la del propio TC y la del referéndum de la comunidad catalana. Ambas además presentan frentes fáciles para la crítica: en el retraso en la sentencia -la degradación por politización del más alto tribunal es tan escandalosa que no hace falta insistir en ella- y la baja participación en el referéndum del Estatuto, que no lo invalida legalmente, pero constituye una flaqueza innegable.

Todo esto nace de una falla gravísima en el sistema español que se produjo y nunca se ha tenido interés en reparar. Queremos subrayarlo porque muestra una vez más la falta de capacidad de los políticos de este país, y la insensibilidad de los medios de comunicación y de parte de la sociedad que son capaces de rasgarse las vestiduras ante un conflicto sin antes haber remediado el error que lo genera.

Porque este choque de trenes entre legitimidades no se habría producido si el Estatuto hubiera sido sometido a referéndum después de pasar por el TC. Esta era la situación que existía porque la ley orgánica del TC en su artículo 79 así lo establecía. Existía de esta manera un control previo de constitucionalidad que hubiera garantizado en este caso no someter a referéndum un texto sobre el que podían existir dudas.

Felipe González se lo cargó y nadie ha parecido nunca muy interesado en reflexionar sobre las consecuencias de este acto. Ni el propio PP cuando era oposición, antes y ahora, ni cuando ha sido gobierno, y ya no digamos los socialistas de Zapatero, que precisamente no se caracterizan por su prudencia en el arte de gobernar.

Ahora el problema existe por esa falla y también porque ha diferencia de los poderes ejecutivos y legislativos, en el TC y en el Poder Judicial los cargos que llegan a su límite temporal no cesan automáticamente. Este es otro error que debe corregirse si queremos aprender de lo que está sucediendo. Esto y abordar la cuestión por parte de todos de manera constructiva, y no hay mejor construcción posible que la de pensar en términos de bien común con el método de intentar ponerse en la piel del otro.

Editorial ForumLibertas.com